El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado hoy, en sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, diversas mociones relativas a la gratuidad del transporte público para los menores de catorce años, al rechazo a la Ley de Bienestar Animal y a permitir el uso del superávit municipal para las inversiones financieras sostenibles de los ayuntamientos. Junto con las mociones, el pleno también ha dado luz verde a una modificación de créditos de 3’5 millones de euros, así como las bases reguladoras para prestar una asistencia técnica extraordinaria dirigida a los municipios menores de 1.000 habitantes para la elaboración de los planes de Igualdad.
En la primera de las mociones del grupo popular, aprobada con la abstención de Vox y con el voto en contra del grupo socialista y del grupo IU Verdes Equo Podemos Iniciativa, se insta al gobierno de España a que garantice los fondos para la gratuidad del transporte público a los menores de 14 años. En la iniciativa se señala que el Ministerio de Transportes ha comunicado a la Consejería de Fomento que retira a Andalucía las ayudas destinadas a la gratuidad del transporte público para menores de 14 años, acusando a la administración autonómica de haber quebrado la lealtad institucional por anunciar la bonificación al transporte público sin decir que procede de fondos estatales. Una decisión que ya ha sido censurada por la Junta de Andalucía que, a través de sus servicios jurídicos, ha anunciado que recurrirá a todas las vías legales existentes para garantizar que lleguen los fondos que corresponden a Andalucía, en general, y a Huelva, en particular.
Por eso en la moción se insta al Gobierno de España a garantizar los fondos para la gratuidad del transporte público a menores de 14 años y a otras bonificaciones a partir del 1 de julio, y mostrar el respaldo de la Diputación de Huelva a cualquier medida en defensa de los intereses de los jóvenes andaluces y onubenses que decida tomar la Junta de Andalucía.
En la segunda moción presentada por el grupo popular, aprobada con el apoyo de Vox, la abstención de la coalición de izquierdas y el voto en contra del grupo socialista, se insta al gobierno de España a permitir el uso del superávit municipal para las inversiones financieras sostenibles de los ayuntamientos. En la iniciativa se asegura que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que los ayuntamientos podrán destinar a inversiones sostenibles el superávit del presupuesto anterior consolidado de la entidad local. Sin embargo, en tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025 o, en su defecto, una disposición con rango de ley, no se podrá destinar el superávit a financiar inversiones financieras sostenibles suponiendo eso una merma en la prestación de servicios municipales.
En la moción se insta al gobierno de España a que cumpla con su obligación prevista en la Constitución y en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria, de presentar en las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para su tramitación parlamentaria, así como a que, ante la negativa a presentar en las Cortes Generales un proyecto de Presupuestos para su debate, enmienda y aprobación, proceda a la propio mediante disposición normativa con rango de ley y, así, de cumplimiento a la Ley de Estabilidad y sostenibilidad financiera, de forma que le permita a los ayuntamientos acometer inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit del ejercicio anterior, de forma que se propicie la creación de empleo y bienestar en los municipios.
También se ha aprobado la moción del grupo Vox en la que se muestra el rechazo firme de la Diputación a la Ley 7/2023 y al Real Decreto 666/2023 por atentar contra las libertades individuales, el desarrollo del medio rural, la actividad económica vinculada a los animales, la labor veterinaria y las tradiciones de nuestra provincia. Con el apoyo del grupo popular, la abstención del grupo socialista y el voto en contra de la coalición de izquierdas, en la moción se insta al Gobierno de España a derogar de forma inmediata esta Ley y a elaborar una legislación realista, técnica y participativa que garantice el bienestar animal sin imponer un modelo ideológico.
Asimismo, se solicita al Gobierno de España que derogue el sistema PRESVET, al considerarlo una carga burocrática innecesaria para veterinarios y propietarios, que permita a las clínicas veterinarias dispensar el tratamiento completo necesario, garantizando así la continuidad y eficacia terapéutica, así como recetar por principio activo sin especificar marca comercial ni nombre del laboratorio; y que reduzca el IVA veterinario al tipo reducido, como medida de apoyo a la salud animal y al acceso a servicios sanitarios básicos.
En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado una modificación de créditos extraordinarios de 3’5 millones de euros que se destinarán, en su gran mayoría, a la mejora de diversos edificios de servicios sociales en la provincia, en el Muelle de las Carabelas, en el Huerto Ramírez y en la oficina de concertación. Igualmente, con esta modificación de créditos se llevará a cabo un convenio con la Universidad de Huelva, por valor de 290.000 euros, para el estudio de la seca del encinar en zonas del Andévalo y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Por último, el pleno ha dado luz verde a las bases reguladoras para prestar una asistencia técnica extraordinaria dirigida a los municipios menores de 1.000 habitantes para la elaboración de los planes de Igualdad de los mismos, así como la adenda de modificación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Cooperativa Vinícola del Condado para la cesión de uso de terrenos destinados a la construcción de un Edificio Multifuncional bases reguladoras para prestar una asistencia técnica extraordinaria dirigida a los municipios menores de 1.000 habitantes para la elaboración de los planes de Igualdad l para la dinamización del sector vitivinícola del Condado.
